Este acuerdo tiene su origen en la sentencia del TSJC de 13 de febrero de 2018, confirmada por el TS, que anula el POUM de Tarragona de 5 de julio de 2013. Este acuerdo suspende también la tramitación de planes urbanísticos derivados y el otorgamiento de licencias urbanísticas hasta que se dicten unas normas de planeamiento urbanístico para ordenar provisionalmente este territorio, en tanto no se apruebe definitivamente el Plan de ordenación urbanística municipal de Tarragona.