La Ley 11/2021 de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (BOE 10-7-21), establece en su artículo 18, que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros (antes 2.500 €) o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 10.000 € (antes 15.000 €) o su contravalor en moneda extranjera, cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

Esta limitación se aplicará a todos los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma (11 de julio de 2021), aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.