Cuando en una vivienda arrendada es necesario realizar obras que afectan al uso del inmueble, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece un marco claro de protección para el inquilino.

🔹 Obras de conservación (art. 21): el arrendador debe acometerlas para garantizar la habitabilidad. El arrendatario está obligado a soportarlas, pero si se prolongan más de 20 días, tendrá derecho a una reducción proporcional de la renta en función de la parte de la vivienda que no pueda utilizar.

🔹 Obras de mejora (art. 22): deben notificarse por escrito con tres meses de antelación, indicando su naturaleza, inicio, duración y coste. El arrendatario podrá resolver el contrato si lo desea o, si opta por permanecer, reclamar una rebaja en la renta y la indemnización de los gastos derivados de la obra.

✅ En definitiva, la LAU busca un equilibrio: permite al propietario mejorar o conservar el inmueble, pero garantiza al inquilino mecanismos de compensación cuando las obras afectan al uso de la vivienda.

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