La Sentencia del Tribunal Supremo (STS 3705/2025, de 17 de julio, rec. 8773/2021) pone fin a uno de los litigios más relevantes sobre la continuidad de la fábrica de ENCE en Pontevedra.

El Tribunal ha estimado los recursos presentados por la empresa, comités de trabajadores y otras entidades, y revoca la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021, que había anulado la prórroga de la concesión otorgada en 2016 a instancias de la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra.

El Tribunal Supremo fija una importante doctrina, al entender que las concesiones otorgadas en base a derechos anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 y conforme a su régimen transitorio tienen derecho a una prórroga de hasta setenta y cinco años, computados desde la fecha en que le fueran concedida dicha prórroga, manteniendo el mismo régimen de uso y actividad del que venían disfrutando con anterior a la LC, pero con la limitación de que tales prórrogas están condicionadas al otorgamiento de un informe favorable, sin estar condicionadas por el art. 32 de la Ley de Costas, que limita la ocupación del dominio público a actividades que no puedan ubicarse en otro lugar.

Esta resolución sienta las bases para la continuidad de actividades económicas y sociales que se desarrollan en el litoral español.