Esta semana se ha publicado una nueva ley (5/2018, 11 de junio) que permite agilizar el actual procedimiento judicial para desalojar a quienes ocupan ilegalmente una vivienda. Las argucias legales hasta ahora utilizadas por estos ocupantes para ralentizar el juicio y eternizar el lanzamiento, quedan ahora reducidas y se acortan plazos con el objetivo que la propiedad recupere cuantos antes la vivienda.

¿Cuál es el problema? Pues que esta ley excluye a las sociedades, no se permite que la sociedad mercantil propietaria de una vivienda ocupada, pueda valerse de este procedimiento más rápido, y si quiere recuperar la posesión de la vivienda deberá atenerse al juicio "lento" con la consecuente desesperación también de la comunidad de vecinos del piso ocupado, en el caso que los ocupantes no sean unos buenos vecinos…

Se prevén medidas de protección en el caso que los ocupantes estén en situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial.

Está por ver como se resuelven los primeros casos.